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23 de septiembre de 2024
La reciente Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad de la Unión Europea marca un hito crucial en la regulación de las prácticas empresariales, buscando garantizar que las compañías asuman la responsabilidad de sus impactos ambientales y sociales.
Esta directiva exige que las empresas identifiquen, prevengan y mitiguen los efectos adversos de sus operaciones en el medio ambiente y en los derechos humanos, estableciendo un marco normativo que afecta de manera significativa al sector inmobiliario.
El sector inmobiliario, tradicionalmente caracterizado por su gran impacto ambiental, se encuentra en una encrucijada. La implementación de esta directiva implica una transformación en la manera en que se desarrollan, construyen y gestionan los activos inmobiliarios. Las empresas del sector deberán adoptar prácticas de construcción sostenible, implementar sistemas de gestión energética eficiente y garantizar que sus cadenas de suministro cumplan con los estándares éticos y ambientales más rigurosos.
Uno de los aspectos más críticos de esta Due Dilligence ambiental es la obligación de transparencia y reporte. Las empresas inmobiliarias deberán proporcionar información detallada sobre sus esfuerzos de sostenibilidad, desde el uso de materiales eco-amigables hasta la reducción de su huella de carbono. Esto no solo mejora la imagen corporativa, sino que también genera confianza entre inversores y clientes, quienes cada vez más valoran las prácticas sostenibles.
Asimismo, la directiva incentiva la innovación en el sector. Las empresas se verán motivadas a invertir en tecnologías verdes y en soluciones innovadoras que reduzcan el impacto ambiental de sus proyectos. Desde el uso de energías renovables en la construcción hasta la creación de edificios inteligentes que optimicen el uso de recursos, el cumplimiento de esta normativa puede ser un catalizador para el progreso y la sostenibilidad a largo plazo.
La Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad representa un cambio significativo en la forma en que las empresas gestionan sus cadenas de suministro, imponiendo una responsabilidad extendida para asegurar prácticas sostenibles y éticas a lo largo de toda la cadena. Esta normativa no solo busca proteger los derechos humanos y el medio ambiente, sino que también promueve una competencia justa y la innovación en prácticas sostenibles.
La Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD) principalmente se enfoca en grandes empresas, sin embargo, también puede afectar a las pequeñas y medianas empresas (PYME) del sector inmobiliario de manera indirecta. Esto se debe a varias razones interrelacionadas que generan un impacto significativo en estas empresas más pequeñas.
La aplicación de la legislación será progresiva y escalonada en función del tamaño de la compañía. En cuanto al ámbito de aplicación, las normas de diligencia debida se aplicarán a:
Empresas de la UE:
Empresas fuera de la UE con actividad en la UE:
Para las PYME, aunque no entran directamente en la propuesta, se verán afectadas como parte de la cadena de suministros.
Primero, aunque las PYMEs no están directamente obligadas por la CSDDD, pueden verse afectadas como parte de la “cadena de suministro de grandes empresas”. Las grandes compañías sujetas a la CSDDD tienen la responsabilidad de realizar diligencia debida en sus operaciones y en sus cadenas de valor, lo que incluye a sus proveedores y socios comerciales. Por lo tanto, las grandes empresas pueden exigir a las PYMEs con las que trabajan que cumplan con ciertos estándares de sostenibilidad y derechos humanos para mantener su relación comercial. Esto puede incluir auditorías, verificaciones y la implementación de políticas específicas por parte de las PYMEs para alinearse con los requisitos de sus clientes más grandes.
Segundo, la “exclusión de contratos públicos” para empresas no conformes con la CSDDD puede afectar a las PYMEs. Si una PYME desea participar en contratos públicos, puede necesitar demostrar que cumple con estándares de sostenibilidad que, aunque no estén directamente obligadas por la CSDDD, son requeridos por los criterios de adjudicación de los contratos públicos establecidos por las autoridades. Esto significa que las PYMEs deben adoptar prácticas sostenibles y asegurarse de que sus operaciones no tengan impactos negativos significativos en derechos humanos o el medio ambiente.
Tercero, la creciente “demanda de sostenibilidad por parte de inversores y consumidores” puede presionar a las PYMEs del sector inmobiliario a adoptar prácticas sostenibles. Inversores y consumidores están cada vez más interesados en apoyar a empresas que demuestran un compromiso con la sostenibilidad. Las PYMEs, por lo tanto, pueden necesitar adoptar y reportar prácticas sostenibles para atraer inversiones y mantener la fidelidad del cliente, alineándose así con las expectativas del mercado que están en sintonía con los objetivos de la CSDDD.
Finalmente, las PYMEs pueden beneficiarse de la “innovación y mejora continua” promovidas por la CSDDD. Al adoptar prácticas sostenibles, las PYMEs pueden mejorar su eficiencia operativa, reducir costos a largo plazo y acceder a nuevas oportunidades de mercado. La adopción de tecnologías verdes y la implementación de sistemas de gestión ambiental eficientes pueden resultar en beneficios competitivos significativos, ayudando a las PYMEs a prosperar en un entorno empresarial cada vez más orientado hacia la sostenibilidad.
En resumen, aunque las PYMEs del sector inmobiliario no están directamente obligadas por la CSDDD, se ven influenciadas por las exigencias de sus socios comerciales, los criterios de contratos públicos y las expectativas del mercado. Adaptarse a estos cambios no solo les permite cumplir con las demandas legales y del mercado, sino que también les proporciona una ventaja competitiva en la transición hacia un futuro más sostenible.
La Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD) establece un conjunto riguroso de sanciones para las empresas que no cumplan con sus obligaciones. Las sanciones más significativas incluyen multas administrativas, que pueden llegar hasta el 5% del volumen de negocios global de la empresa. Estas multas se imponen para garantizar que las empresas adopten medidas adecuadas para identificar, prevenir y mitigar los impactos adversos en derechos humanos y medio ambiente
Además de las multas, la CSDDD introduce un régimen de responsabilidad civil que permite a las víctimas de daños y perjuicios causados por la falta de diligencia debida de una empresa reclamar compensación. Esto implica que las empresas pueden enfrentarse a demandas judiciales y ser obligadas a indemnizar a las partes afectadas por sus acciones u omisiones. Las reclamaciones pueden ser presentadas por una variedad de partes interesadas, incluidos sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, y tienen un plazo de cinco años para ser interpuestas.
Otra sanción relevante es la exclusión de contratos públicos. Las empresas que no cumplan con las obligaciones de la CSDDD pueden ser descalificadas de participar en licitaciones para contratos públicos y concesiones. Esta medida está diseñada para incentivar el cumplimiento y asegurar que solo las empresas que cumplen con los estándares de sostenibilidad y derechos humanos tengan acceso a oportunidades de negocio con el sector público.
Finalmente, las autoridades nacionales encargadas de la supervisión tienen la facultad de emitir órdenes correctivas a las empresas, obligándolas a adoptar medidas específicas para corregir cualquier incumplimiento identificado. Estas órdenes pueden incluir la implementación de cambios en las políticas y procedimientos de diligencia debida, así como la realización de auditorías y verificaciones para asegurar que las empresas cumplen con sus deberes. Este enfoque integrado de sanciones y medidas correctivas busca fortalecer la responsabilidad corporativa y asegurar que las empresas operen de manera sostenible y respetuosa con los derechos humanos.
La Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD) y la Directiva sobre la Presentación de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) son dos regulaciones clave de la Unión Europea que trabajan conjuntamente para promover prácticas empresariales responsables y sostenibles. Aunque cada una tiene su enfoque particular, juntas proporcionan un marco integral para mejorar la sostenibilidad y la transparencia corporativa.
La conexión entre la CSRD y la CSDDD radica en sus objetivos complementarios y en la necesidad de coherencia en los informes y la gestión de la sostenibilidad. Las empresas que están sujetas a ambas directivas deberán integrar la información de diligencia debida de la CSDDD en sus informes de sostenibilidad según la CSRD. Esto significa que los riesgos identificados, las medidas adoptadas para mitigarlos y los resultados de estas acciones se reportarán como parte del informe de sostenibilidad general. Este enfoque integrado no solo aumenta la transparencia, sino que también permite a las empresas demostrar de manera efectiva su compromiso con la sostenibilidad
La CSRD tiene como objetivo mejorar la calidad y la coherencia de los informes de sostenibilidad presentados por las empresas. Esta directiva exige a las compañías divulgar información detallada sobre sus prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), lo cual debe ser verificado por auditores o firmas independientes. Este reporte abarca desde las emisiones de carbono hasta las políticas de derechos humanos y prácticas laborales. Al estandarizar estos informes, la CSRD asegura que las partes interesadas, incluidos inversores y consumidores, tengan acceso a información fiable y comparable sobre el desempeño en sostenibilidad de las empresas
Por otro lado, la CSDDD establece obligaciones específicas de diligencia debida para que las empresas identifiquen, prevengan, mitiguen y rindan cuentas sobre los impactos adversos en los derechos humanos y el medio ambiente a lo largo de sus operaciones y cadenas de suministro. Esto incluye realizar evaluaciones de riesgo, implementar medidas correctivas y mantener mecanismos de quejas accesibles. Las empresas deben integrar estos procesos de diligencia debida en sus políticas corporativas y asegurarse de que sus socios comerciales también cumplan con estos estándares
Ambas directivas fomentan el uso de estándares internacionales para la presentación de informes y la diligencia debida, como las normas de la Global Reporting Initiative (GRI) y los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Además, la implementación de estas directivas será supervisada por autoridades designadas en cada Estado miembro, asegurando que las empresas cumplan con sus obligaciones y adoptando medidas correctivas en caso de incumplimiento
En resumen, la CSRD y la CSDDD son pilares fundamentales de la estrategia de la UE para promover una economía más sostenible y justa. Mientras que la CSRD se centra en mejorar la transparencia y la calidad de los informes de sostenibilidad, la CSDDD asegura que las empresas adopten prácticas proactivas de gestión de riesgos para mitigar impactos negativos en los derechos humanos y el medio ambiente. Juntas, estas directivas fortalecen la responsabilidad corporativa y fomentan un enfoque holístico hacia la sostenibilidad empresarial.
Desde GESVALT consideramos que el primer paso es realizar una evaluación exhaustiva de las prácticas actuales de la empresa en términos de sostenibilidad y diligencia debida. Esto incluye analizar las políticas existentes, los procesos operativos y las cadenas de suministro. Identifica las áreas donde la empresa ya cumple con las normativas y aquellas que requieren mejoras. Este diagnóstico inicial es fundamental para desarrollar un plan de acción efectivo y personalizado.
Ayudar a las empresas a desarrollar o actualizar sus políticas y procedimientos de sostenibilidad para alinearse con los requisitos de la CSDDD serán los pasos siguientes a seguir. Esto puede incluir la creación de políticas específicas de derechos humanos, medioambientales y de gobernanza. Asegúrate de que estas políticas sean claras, aplicables y comunicadas efectivamente a todos los niveles de la organización y a lo largo de la cadena de suministro.
En conclusión, la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad representa un cambio imprescindible para el sector inmobiliario. No solo impone desafíos regulatorios, sino que también abre una ventana de oportunidades para que las empresas adopten un enfoque proactivo hacia la sostenibilidad. Al integrar estas prácticas, el sector no solo contribuirá a un futuro más verde y equitativo, sino que también se posicionará como líder en la transición hacia un mundo más sostenible.
